La Asociación Unión por la Biomasa considera que si se suma la capacidad de aprovechamiento de masa forestal para evitar incendios que absorberían las plantas de biomasa a instalar en España para cumplir los objetivos del PER vigente, se ahorrarían unos 250 millones de euros. Este colectivo, que reúne a 37 asociaciones y organismos vinculados a la bioenergía en España, insiste en pedir una normativa diferenciada para la biomasa para, entre otros objetivos, evitar muchos de los incendios forestales que tienen lugar en verano.
La nota de prensa de Unión por la Biomasa comienza con: “El aprovechamiento energético de la biomasa forestal podría reducir drásticamente los incendios forestales en España”. Sin embargo, la principal aportación en este caso, aun valorando la reducción del impacto ambiental que supondrían menos hectáreas quemadas, se refiere al ahorro económico.
Según la información de Unión por la Biomasa, cada año las administraciones públicas españolas dedican a la lucha contra los incendios forestales un volumen de recursos superior a los 700 millones de euros. En la presentación de la campaña de este año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) anunció que solo el presupuesto de este departamento asciende a 130 millones de euros (treinta más que en 2012), de los cuales 76 se destinan a prevención y extinción, 29 a restauración y 25 a la adquisición de un nuevo avión anfibio.
Desde Unión por la Biomasa afirman que es posible evitar este coste en el balance final, convirtiéndolo en positivo. “Si se tienen en cuenta solo las plantas de biomasa existentes –añaden–, su contribución a la evitación de incendios podría estimarse en un ahorro final de casi 80 millones de euros”. El ahorro sería aún mayor si se suma la capacidad de aprovechamiento de masa forestal que absorberían las plantas a instalar en España para cumplir los objetivos del PER 2011-2020: “representaría un ahorro de costes por este concepto para las administraciones públicas implicadas de unos 250 millones de euros, y un balance anual positivo, considerando el coste tarifario por producción de energía eléctrica en estas plantas de biomasa, de 184 millones de euros”.
Estos argumentos económicos le sirven a este foro para volver a pedir al Gobierno que “diseñe y apruebe un marco legal propio de la biomasa y no que, como hasta ahora, sea un añadido más dentro de un conjunto que no reconoce las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia induce”. Recuerda a las administraciones implicadas que “la conversión de biomasa forestal en energía no sólo es una de las formas más eficientes de utilización y reciclaje de este recurso, sino que contribuiría mucho más eficazmente a la reducción de incendios forestales que se multiplican cada año por estas fechas”.
Por último, en Unión por la Biomasa inciden en que “el aprovechamiento de la biomasa debe ser, como lo es en los países más desarrollados de Europa, un pilar clave en las políticas públicas nacionales de prevención de incendios y de la creación y fijación de empleo rural”. “Los tratamientos forestales preventivos –prosiguen–, así como el aprovechamiento de la biomasa para producir energía, deben ser considerados como un servicio público a la sociedad, que debe ser incentivado y remunerado; un pilar que debe asentarse definitivamente para que no volvamos a asistir impotentes un nuevo verano, como es tristemente habitual, al trágico espectáculo de la combustión incontrolada de miles de hectáreas de masa forestal”.
En abril del año pasado, uno de los socios de Unión por la Biomasa, la Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor), presentó junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIrdLife) un informe que exigía la redacción y aprobación de un plan de gestión del riesgo de incendios que permita el posterior desarrollo de dieciocho herramientas. La primera de ellas estaba directamente relacionada con el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, y concluían que “los planes de energías renovables de las comunidades autónomas deberían de ser, sin duda, el primer instrumento de lucha contra los incendios forestales”.