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El sector eólico espera una cascada de problemas financieros tras la reforma energética.

 

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros modifican de forma radical el sistema de apoyo a la eólica, al eliminar el modelo anterior e introducir para todas las instalaciones en marcha unos incentivos ligados a las obligaciones del Tesoro, según apunta la AEE (Asociación Empresarial Eólica).

A falta de conocer detalles fundamentales como la forma en que se actualizará la retribución o el modo de pago, AEE considera que “el Gobierno ha tratado al sector eólico, que no es culpable del déficit de tarifa y siempre se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos, de una forma tremendamente injusta”. 

La medida aprobada “vulnera los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva”, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años. “Vulnera también el principio de rentabilidad razonable”, al no cumplir los principios de rentabilidad razonable de la Comisión Nacional de Energía y fijarla con criterios arbitrarios.

Asimismo, la medida altera radicalmente los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que supondrá una “cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca”. A la vez, tiene un fuerte impacto en el valor de las empresas, como se ha visto en su evolución en bolsa.

Con esta reforma, “el Gobierno incrementa aún más la incertidumbre que afecta al sector, con el que no ha dialogado sobre las medidas”. AEE destaca además que se trata de “un experimento a nivel mundial”, ya que ningún país –salvo Rusia y sólo para las nuevas instalaciones, no para las antiguas– ha aplicado nunca un sistema semejante.  Y es “innecesario” en el caso del sector eólico, que no es la causa del déficit de tarifa y ya ha visto reducida su rentabilidad a mínimos debido a las medidas anteriores tomadas por el Gobierno (el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y la modificación a la baja de la retribución a raíz del Real Decreto-Ley 2/2013).