El pasado viernes 20 de Septiembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobaba la Ley del Sector Eléctrico. Este proyecto, que ahora debe enviarse a las Cortes, declara como objetivo "garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico".
Desde el Ministerio de Industria indicaban que esta norma "establece el marco necesario para resolver el problema del déficit de tarifa y evitar que en el futuro puedan producirse desequilibrios financieros como el ocurrido durante la última década".
Con esta Ley, el Gobierno pretende equilibrar ingresos y gastos en este ámbito, sin atender las recomendaciones de la CNE (Comisión Nacional de Energía), al no considerarlas adecuadas.
José Manuel Soria, ministro de Industria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que el texto es básicamente el mismo del anteproyecto aprobado el 12 de julio, y que será remitido a las Cortes para su tramitación.
Soria ha hecho mención de dos de las recomendaciones que planteaba la CNE en su informe sobre la normativa y que no han sido atendidas. La CNE se mostraba contraria al cobro de recargos a los propietarios de instalaciones de autoconsumo porque lo consideraba contrario a la incentivación de la eficiencia energética.
Sin embargo, ha defendido que los usuarios con sistemas de autoconsumo que estén conectados a la red para abastecerse cuando no tengan producción propia tendrán que pagar el peaje, porque acceden a las instalaciones del sector eléctrico al igual que el resto de consumidores y, de lo contrario "todos les estaríamos pagando" el acceso.
El regulador criticó el establecimiento de un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables en los sistemas extrapeninsulares.
Soria, ministro de Industria, ha declarado que aunque "es verdad" que para ciertas actividades se fija una retribución superior, "es así porque aun con esa retribución superior el coste general para el sistema eléctrico disminuye", y por eso no ha incluido la recomendación.
En relación a la normativa, el ministro ha insistido en que los precios de la electricidad en España son superiores a los del resto de la Unión Europea, y que, pese a ello, no son suficientes para cubrir los costes, lo que ocasiona el déficit de tarifa.
Por todo esto, la reforma energética aprobada tiene el triple objetivo de "garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes" y frenar su impacto en los consumidores.
Ahora, el proyecto de Ley se remite a las Cortes, después de que el anteproyecto aprobado el 12 de julio recibiera el informe favorable del Consejo de Estado y obtuviese las correspondientes consideraciones por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
El proyecto de Ley forma parte del paquete normativo de la reforma energética aprobado el pasado 12 de julio, con el que se reordena el sector y se equilibran ingresos y gastos para detener la generación de déficit tarifario.
En un comunicado, UGT ha replicado que esta normativa "supondrá un aumento de precios en el recibo de la luz, menos inversión, menos calidad y seguridad del servicio y menos empleo", y ha criticado "la falta de transparencia que ha impedido un debate público sosegado"