El Proyecto de Ley del Sector Eléctrico ha sido aprobado por la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados con la mayoría parlamentaria del PP.
La aprobación se ha hecho sin tiempo de analizar las 441 enmiendas presentadas por la oposición, aunque sí se han incorporado en el texto las 57 enmiendas que presentó el Partido Popular, al tiempo que se rechazaban las restantes.
El texto será ahora remitido al Senado.
En relación a las enmiendas aprobadas, son, en general, de carácter técnico, aunque una de ellas establece que la retribución de las actividades reguladas se fijará cada 6 años, aunque estos períodos tendrán una revisión inmediata a los 3 años para evitar posibles desajustes.
El Proyecto de Ley del Sector Eléctrico constituye la principal normativa de la reforma energética aprobada por el Gobierno en Julio, y con la que éste pretende acabar con el déficit de tarifa, y evitar que se vuelva a producir en el futuro.
Antonio Erías, portavoz de los populares, ha declarado que el Gobierno “ha acometido una reforma valiente, necesaria, y, en cierto modo, inevitable” para lograr resolver la “inestabilidad” que, según su opinión, “se había instalado dentro de nuestro sistema energético”.
Sin embargo, esta opinión no la comparten los demás grupos políticos.
Jesús Alique, diputado socialista, ha rechazado prácticamente todos los puntos de la normativa, en especial en lo relativo a las renovables y al autoconsumo, ya que considera que es “uno de los graves errores de este proyecto”.
Laia Ortiz, de Izquierda Plural, ha reiterado la “absoluta disconformidad con el fondo y la forma” de la normativa, por su impacto en términos económicos y ambientales.
Josep Sánchez i Llibre, de CiU, ha avisado del riesgo de deslocalización industrial por los elevados precios de la energía y ha pedido respeto para las competencias autonómicas.
Por su parte, Pedro Aspiazu, diputado de PNV, ha subrayado el impacto de esta norma en la competitividad industrial, mientras que desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado que “trata de consolidar un modelo de negocio que ha fracasado” al tiempo que “intenta poner barreras de acceso a los que se han incorporado a última hora”, en relación a las renovables.
Además, los grupos de la oposición han criticado que el Grupo Popular no haya permitido comparecencias complementarias en esta comisión, impidiendo así que se oyera la opinión de, entre otros, Alberto Lafuente, ex presidente de la Comisión Nacional de Energía, o de Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la asociación fotovoltaica Anpier.