En Madrid, ayer, en una reunión que tuvo lugar durante hora y media, los más altos dignatarios de todas las asociaciones españolas del sector solar, expresaron su opinión sobre las reformas anunciadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes, que tras dos años de política de acoso y derribo, van a acabar en los tribunales. Todas las asociaciones lo tienen claro: denunciarán ante Bruselas al gobierno, tal y como ha indicado José Miguel Villaring, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
El lugar elegido para esta reunión fue la Asociación de la Prensa de Madrid, con una sala abarrotada de periodistas. Tras la mesa de ponentes, el primero en opinar fue José Miguel Villaring, presidente de APPA, que, sin rodeos, ha hablado de difamación –"Soria difama al sector de forma constante y confunde interesadamente a la opinión pública"-; de estafa –"el dinero que el gobierno le está quitando con estas medidas a las renovables se lo está dando con la otra mano a las distribuidoras y a la interrumpibilidad" (es decir, a Unesa y a multinacionales como Arcelor, Atlantic Copper o Messer Ibérica de Gases)–; de vergüenza – "han sido tantos ya los cambios de regulación y las medidas retroactivas que "siente uno vergüenza cuando habla con sus socios europeos"–; de oscurantismo -aunque el gobierno está obligado por la Ley del Sector Eléctrico a tratar con el sector, Soria "ha omitido todo contacto con nosotros" en el proceso de formulación de su reforma; y a modo de conclusión, ha hablado de denuncias: "denunciaremos ante Bruselas esta política de acoso y derribo".
El detonante para toda esta reacción ha sido el último anuncio del gobierno, que quiere introducir dos medidas que afectan directamente a las cuentas de los productores de energías renovables. Una de ellas, con carácter retroactivo, consiste en que las primas no van a ser actualizadas conforme al IPC, que era lo establecido por la ley, sino conforme a un nuevo indicador consistente, según lo explicado hace unos días por Mario Sánchez-Herrero, en: "de acuerdo con los datos publicados por el INE, la inflación general en noviembre (y diciembre) de 2012 había alcanzado al 2,9% de incremento; les correspondía por tanto [a los productores de energías renovables] un aumento en el precio primado del 2,4% (IPC menos 0,5 puntos, según decía la ley); pues bien, en lugar de aumento, los titulares de estas instalaciones van a ver [gracias a este IPC reinventado] cómo su electricidad va a ser retribuida incluso a un precio inferior al que han venido cobrando en 2012". El impacto global de las medidas anunciadas el viernes puede elevarse a casi 500 millones de euros, según APPA.
Todas las medidas puestas en marcha desde finales de 2010, junto con las aprobadas el pasado viernes, impactan de forma muy grave en todas las tecnologías. Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, ha sido muy explícito indicando: "sumadas todas las medidas anunciadas, la mayoría de las cuales han visto la luz en las últimas seis semanas, el sector de la termosolar ha visto reducidos sus ingresos en un 33%, lo cual es una expropiación en toda regla". Crespo también se ha quejado de la falta de diálogo con el gobierno.
Sin embargo, todo este asunto no afecta sólo al ámbito nacional, puesto que tanto la termosolar como la fotovoltaica han atraido durante años miles de millones de euros de fondos de inversión internacionales quienes creyeron en un sector con las pautas fijadas vía BOE por el ejecutivo. En base a la información establecida por el BOE, y creyendo en el aval regulatorio del Gobierno, hicieron sus números y decidieron invertir. Ahora, al cambiar la situación, sus números no son los esperados. Por ejemplo, en el sector fotovoltaico, según lo expresado por el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, el recorte alcanza el 40%.
El discurso de Martínez-Aroca ha sido duro y ha indicado: : "estamos en la ruina; nos han reducido en un 40% las primas: eso se llama engaño, estafa". Aroca lo explica así: "el mismo gobierno socialista que en el año 2008 hizo un llamamiento a la inversión privada, llamamiento para que ayudásemos a España a cumplir con los acuerdos internacionales de reducción de emisiones, llamamiento que nos hizo porque el gobierno no estaba en condiciones de invertir, ese mismo gobierno redujo luego en un 30% las primas y, ahora, el Partido Popular suma a eso un impuesto del 7% [la Tasa Soria] y, ayer, el tema del IPC: esto es un robo". También ha indicado: "somos pequeños ahorradores que hemos invertido todos nuestros ahorros para no dejar a nuestros hijos cementerios nucleares y nos están engañando". La situación es límite, según Martínez-Aroca: "no se trata de que haya gente que pierda su instalación; es que hay casos en que pueden llegar a perder su casa, con la que avalaron los préstamos que solicitaron en su momento, y la refinanciación, que es la última solución para los que no pueden seguir metiendo sus ahorros ahí, porque ya no tienen más, es la última fase del estrujamiento de la soga".
El motivo para todas estas complicaciones es sencillo: "en los bancos no hay ninguna sensibilidad, y hemos pedido una línea ICO y se nos ha dicho sencillamente que no". O sea, que 55.000 familias españolas que invirtieron en lo que creían era una situación de seguridad jurídica -apunta la asociación- se encuentran ahora en una situación límite: "algunos están en concurso de acreedores".
La situación de la fotovoltaica, que cuenta con una elevada inversión foránea, ya que un 30% de la potencia de fotovoltaica instalada pertenece a fondos extranjeros, se encuentra con que estos fondos ya han demandado al Gobierno, lo que es un problema para la imagen de España.
En ese sentido, ya hay algunos apuntes de por dónde van los tiros en Europa. El presidente de la asociación ha agradecido la sensibilidad del comisario de Energía de la Unión Europea, Gunther Oettinger, "que ha puesto a tres funcionarios a hacer un seguimiento permanente de nuestro caso". En Anpier están convencidos de que la justicia internacional les dará la razón a esos inversores. Lo que ocurre es que, si aquí la justicia tarda mucho más, el problema puede no tener vuelta de hoja para las 55.000 familias susodichas.
Otro de los puntos tratados en la mencionada reunión ha sido la falta de profesionalidad y de conocimiento de la situación, por parte de los redactores del ministerio. Santiago Gómez, de la sección Eólica de APPA, indicaba que "no se ha hecho un cálculo serio sobre el impacto que va a tener esta medida y únicamente esperamos que, durante el trámite parlamentario que ahora le queda a ese texto, se vayan corrigiendo los errores".
El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, también ha hablado de "datos falseados", con los que el ejecutivo ha querido sostener esta nueva reforma que supone un gran perjuicio para un sector ya de por sí muy perjudicado por dos años de políticas reaccionarias.
Por contra, según datos de APPA, la situación a nivel internacional es muy diferente, con energías renovables donde sus inversiones han aumentado un 32% en 2010 y un 17% en 2011. Además, el 70% de la nueva potencia instalada en el año 2012 en la Unión Europea ha sido renovable. Mientras tanto, en España, el Ministerio quiere acabar con un sector en el que éramos líderes a nivel mundial, en vez de aprovechar la oportunidad que el mercado internacional parece brindar a las empresas españolas.
La otra cara de la moneda es Unesa, la gran patronal eléctrica (Iberdrola, Endesa, E.ON, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico) formada por las empresas propietarias de todas la nucleares españolas y con el control de la mayoría de las centrales térmicas de España. Estas empresas son distribuidoras, y el coste de la distribución, fijado por el Gobierno, ha aumentado. Han pasado a cobrar, por concepto de distribución, en el año 2012 más que en 2008 aún y cuando han distribuido menos kilovatios (consecuencia de la crisis, ya que se consume menos energía). Además, en el año 2013, el Gobierno le ha subido el salario a esas empresas en un 11,3%. Es decir, que Soria está recortando costes en clave renovable a la par que incrementa costes en clave oligopolio.
Cabe destacar que en las cinco grandes empresas hay representantes públicos de antaño en nómina. Felipe González, en Gas Natural Fenosa. José María Aznar, en Endesa. Ángel Acebes, en Iberdrola. Pedro Solbes, en Enel... Eso sí, el gobierno asegura que estas medidas "tienen como objetivo proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo (...) la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013". Eso dice el gobierno, el mismo gobierno que infla el coste de la distribución de electricidad en plena crisis de demanda de electricidad (incremento del 11,3%); o el mismo gobierno que "inflama" (un 54,8%) la interrumpibilidad, otro de los costes regulados que engordan el déficit de tarifa y de los que casi nadie habla nunca. Lo de este coste es particularmente llamativo: en España hay casi 106.000 MW instalados (lo que se considera "exceso de potencia"), mientras que la demanda máxima de electricidad registrada en este país –la máxima de todos los tiempos– está en 45.450 MW (18.53 horas del 17 de diciembre del año 2007). La interrumpibilidad consiste grosso modo en que empresas con gran consumo de energía (siderúrgicas, cementeras, etcétera) se comprometen por contrato a parar máquinas para que la electricidad que consumen pueda ser usada por el resto de los consumidores "en situaciones de emergencia".
Frente a todas esas "hinchazones" delatoras e inexplicadas (incrementos desmesurados de hasta el 54,8% en costes de necesidad más que discutible), el presidente de la patronal de las renovables, José Miguel Villarig, ha esgrimido el último "Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España", un informe de 140 páginas que aporta un montón de información sobre el peso que tiene este sector en la economía del país. Según los números de APPA, en España, los beneficios económicos que llegan de la mano de las energías renovables llevan ya una década siendo "muy superiores a sus costes". Así, la asociación reconoce que las energías renovables han percibido en forma de primas 20.875 millones de euros entre 2005 y 2011, pero asegura a continuación que, a cambio, las tecnologías de generación de electricidad limpia han reducido el precio del mercado diario en 28.482 millones de euros, logrando así un ahorro de más de 7.600 millones de euros para los consumidores. APPA señala también que, "por cada euro recibido en primas, las renovables generan 1,9 euros de PIB". A pesar de ello -concluye APPA-, "se sigue dinamitando sistemáticamente al sector renovable nacional sin acometer una reforma profunda y necesaria de nuestro sistema eléctrico (...) mientras el país necesita importar más del 80% de su energía y las importaciones de combustibles fósiles representan el 86% de su negativa balanza comercial".