Los inversores internacionales han presentado dos solicitudes de arbitraje en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que forma parte del Banco Mundial) frente a España.
La primera solicitud de arbitraje la presentaba RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux. La segunda la suscriben las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar BV.
RREEF Infrastructure es un vehículo de inversión promovido por Deutsche Bank que tiene inversiones de energías renovables, tanto solar como eólica, en España. Antin es una firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es socio de la gestora y el principal inversor del fondo con el que arrancó su actividad. Tiene inversiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, entre otros países. En España controla Axión (competidor de Abertis en el negocio de torres de comunicaciones) y también tiene inversiones en energía solar, las que provocan el pleito.
Estos dos fondos de inversión, Antin y RREEF, compraron a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y Andasol 2, en una operación con una valoración de unos 830 millones de euros, deuda inclulida. Cada uno de los inversores adquirió el 45% del capital y la empresa que preside Florentino Pérez retuvo el 10% restante.
Las demandas de arbitraje se deben a los recortes en la retribución de las actividades termosolares. En la información sobre los activos de RREEF, Deutsche Bank señalaba para justificar su inversión que “ambas plantas se benefician de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo con la venta de su producción garantizada durante sus vidas operativas”. RREEF y Antin pagaron un alto precio por Andasol 1 y 2 a ACS contando con la rentabilidad asociada a las primas a las renovables. Consideran que el recorte de la rentabilidad viola la seguridad jurídica de sus inversiones y supone un cambio retroactivo de las reglas del juego.
Según fuentes del Ciadi, ambas presentaron sus solicitudes de arbitraje el pasado 22 de noviembre. Ambas están representadas por la oficina londinense de Allen & Overy, el despacho de abogados más activo en las demandas contra España por los recortes en las renovables. Por parte del Estado español será la Abogacía General del Estado y la Dirección del Servicio Jurídico del Estado quienes tengan que hacer frente al pleito.
Los países más demandados ante el Ciadi son con frecuencia los que tienen más problemas de seguridad jurídica. A la cabeza se encuentran Venezuela (que ha decidido dejar el organismo tras la avalancha de reclamaciones) y Argentina, por las frecuentes expropiaciones e incumplimientos de contratos.
Pero España afronta ahora el riesgo de recibir también un aluvión de demandas ante el Ciadi y otros organismos internacionales de arbitraje, no solo por los recortes a la retribución de las renovables ya realizados, sino también por los que están en marcha a punto de aprobarse.
Cuatro de las últimas cinco solicitudes de arbitraje registradas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial, tienen sello español. Junto a las dos demandas de fondos internacionales contra España por los recortes en las renovables, hay también dos pleitos entablados por empresas españolas contra otros países.
El pasado 6 de noviembre, Cemusa, filial de FCC especializada en mobiliario urbano, presentó una demanda contra México en la que actúan como asesores de la española los abogados mexicanos de Von Wobeser y Sierra. El pasado 17 de noviembre, las partes acordaron nombrar como árbitro al argentino Horacio Grigera Naón.
Por su parte, Cementos La Union y Áridos Jativa han presentado una solicitud de arbitraje contra Egipto para proteger sus inversiones en el país del norte de África. La firma valenciana invirtió más de 110 millones en una fábrica en Egipto después de comprar una firma local.
Empresas españolas mantienen muchos otros pleitos abiertos en el Ciadi. El más importante es el de Repsol contra Argentina por la expropiación de YPF, pero la demanda será retirada si se cierra un acuerdo sobre la expropiación.
Los recortes a la retribución de la energía fotovoltaica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya provocaron algunas demandas internacionales que denunciaban la violación del Tratado de la Carta de la Energía al aplicar, en su opinión, recortes con carácter retroactivo. Alegando esa violación, un grupo de 16 inversores (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) presentaron en noviembre de 2011 una demanda contra España bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.
Este año, Abengoa, a través de su filial CSP Equity Investment Sarl, ha demandado al Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía por lo que considera una “expropiación” de sus legítimos intereses en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2. El arbitraje será realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, según desveló Abengoa en un folleto de emisión registrado en Estados Unidos.
Pero fuentes del sector consideran que la ofensiva no ha hecho más que empezar y esperan muchas más demandas de los inversores, tanto por los recortes de primas a las renovables de finales del pasado año como por los que llegarán cuando se empiece a aplicar el concepto de “rentabilidad razonable” previsto en la reforma del sector, contestada también en los tribunales españoles por las empresas nacionales. España se juega cientos, si no miles, de millones en una reforma del sector eléctrico que se ha convertido en un gran negocio para los abogados.