El RDL de Medidas Urgentes en el Sistema Eléctrico ha sido convalidado hoy por el Pleno del Congreso de los Diputados, dejando, de esta forma, a las empresas afectadas sin derecho a recurrir, ya que al utilizar el rango de Decreto-Ley queda privado el derecho a recurrir por parte de los afectados. “Con ellos se quiebra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso efectivo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, asegura Protermosolar.
El decreto, que fue aprobado el día 1 de febrero por el Consejo de Ministros ha sido convalidado con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de CiU y Foro y el rechazo de todos los demás grupos políticos (175 votos a favor, 140 en contra y 14 abstenciones).
Los grupos de la oposición reclamaron una reforma integral del sector energético y criticaron la improvisación y los parches continuos por parte del PP, pidiendo a su vez, que el decreto se tramitase como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, algo que el PP, con su mayoría absoluta, ha impedido.
Por medio de este decreto se determina que la actualización anual de las primas se hará en función de la inflación subyacente, sin alimentos elaborados ni productos energéticos y a impuestos constantes. Se obliga también, a las empresas del Régimen General, a elegir entre vender en el mercado sin prima o la tarifa regulada, sin poder cambiar de opción durante todo el año.
El Ministro Soria aseguró ante el Pleno que las reformas aprobadas a lo largo de 2012 para el sector eléctrico han permitido un ahorro de 3.586 millones de euros y avanzó que los cambios en ingresos y costes permitirán otro ahorro de 5.150 millones de euros este ejercicio, si bien reconoció que ni siquiera estas decisiones han permitido reducir el déficit de tarifa hasta el límite de 1.500 millones de euros establecido legalmente.
Las asociaciones renovables, en su totalidad, han manifestado en numerosas ocasiones que el déficit de tarifa no está provocado por estas tecnologías. El pasado 7 de febrero, lo manifestaron conjuntamente, calificando de "política de acoso y derribo", que va a acabar en los tribunales, incluidos los europeos, las actuaciones del Ministerio de Energía contra las renovables
Por su partes, Protermosolar, la patronal del sector termosolar, puntualiza que utilizar el rango de decreto-ley supone la privación del derecho a recurrir por parte de los afectados. “Con ellos se quiebra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso efectivo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, asegura la asociación.