El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Real Decreto de Renovables. No se espera que el texto introduzca cambios significativos respecto al borrador conocido, duramente criticado por las asociaciones del sector ya que consolida la ruptura de la seguridad jurídica, la arbitrariedad y la retroactividad.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, declaraba estaba ayer a los medios que el Real Decreto, que regula la producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, ya estaba listo y que dependerá del orden del día que finalmente sea llevado hoy viernes al Consejo de Ministros.
Soria, que realizó estas declaraciones tras participar en el III Foro Global de Sostenibilidad organizado por la consultora Ernst & Young, dijo que lo que hace este Real Decreto es “hacer más sostenibles” estas tecnologías, al cambiar el sistema de primas a otro de incentivos a la inversión. Aseguró, asimismo, que el Ejecutivo “seguirá apoyando a las energías renovables” ya que son, dijo, "una de las grandes fortalezas que tiene España” y “fundamentales del mix energético español".
Como señala Reuters, el RD será aprobado después de recibir el dictamen favorable de la CNMC (el anterior macrorregulador, la CNE, había criticado la urgencia de la norma y su eventual carácter retroactivo) y de pasar nuevamente el filtro del Consejo de Estado, que también había mostrado reservas. Certifica la rentabilidad "razonable" de estas instalaciones en función de la vida útil del proyecto y tomando como referencia el interés de la deuda española a 10 años más un diferencial, fijando un máximo del 6,5 por ciento para las instalaciones renovables y del 7,5 por ciento para las de biomasa.
Este es uno de los aspectos más duramente criticado por el sector. A modo de referencia: la Unión Española Fotovoltaica, Unef, ha denunciado en reiteradas ocasiones que el nuevo texto "instaura la más absoluta arbitrariedad e incrementa la retroactividad, ya que todos los parámetros sobre los que pivota la retribución podrán variarse cada tres años”. Otra asociación fotovoltaica, Anpier, está realizando movilizaciones para exigir al Gobierno que no impida que el Estado cumpla con los compromisos de pago acordados, a través del BOE, con las familias productoras de energía solar fotovoltaica. La asociación eólica AEE indica, por su parte, que el RD contiene errores de cálculo que supondrán un importante perjuicio económico para la eólica, de 200 millones de euros en 2014.
El RD se enmarca en la ley general del sector eléctrico, que busca acabar con el denominado déficit de tarifa, con mínimos resultados hasta el momento.
Fuente:energias-renovables.com