Empresas eléctricas, petroleras, renovables, gasistas, ayuntamientos, fundaciones patronales y asociaciones han iniciado una batalla, nunca vista hasta la fecha, contra los parches de los últimos años para corregir el déficit de tarifa.
En un solo día, el Tribunal Supremo ha cursado más de 30 recursos que buscan revocar o paralizar la regulación del sector energético. De todas formas, los asuntos abiertos superan notablemente esta cifra, y según los datos que se recogen en el BOE, se acercan a los 50 en los últimos meses.
José Manuel Soria, ministro de Industria, se enfrenta a la oposición frontal de varios sectores porque no se ha abierto un proceso de negociación para estos cambios.
Entre los recursos presentados, uno de los aspectos más conflictivos es la orden ministerial que fijó las tarifs para el segundo trimestre del pasado año y que entró en vigor el 1 de abril, justo cuando se tomaron las primeras medidas para corregir el déficit de tarifa.
En esta revisión, la luz se subió un 7% y el gas un 5%. Estos incrementos fueron recurridos por Gas Natural, Iberdrola y por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, entre otros, puesto que a la vez, se recortó en casi 800 millones la retribución a la distribución.