La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables ha difundido hace unos días un comunicado en el que anuncia que se entrevistará la semana que viene con el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. Anpier tiene previsto poner en conocimiento del comisario la "secuencia de acontecimientos" de lo que considera "una estafa de Estado sin precedentes en Europa, que afecta de manera directa a más de 55.000 familias españolas", pequeños productores-inversores particulares que hicieron posible en nuestro país la instalación de casi 5.000 megavatios fotovoltaicos.
La frase "no es una crisis; es una estafa" cobra cada vez más fuerza en el sector energético renovable español, hasta hace muy poco tiempo referente internacional. Y cobra cada vez más fuerza la Teoría de la Estafa porque la legislación aprobada a lo largo de los últimos tres años parece ideada con el único propósito de hundir a un sector que ha reportado a España, por una parte, un prestigio internacional del que ningún otro sector industrial español puede presumir y, por otra, pingües beneficios económicos para el país: todos los balances y estudios macroeconómicos publicados a lo largo de los últimos años revelan, uno tras otro, que los costes del parque renovable español han sido para el país menores (o mucho menores) que los beneficios que ha reportado el sector a la sociedad y al PIB españoles.
Pues bien, a pesar de todo ello, el último período Ejecutivo de Zapatero y el primero de Rajoy -al abrigo ambos de la crisis- no han hecho otra cosa que legislar retroactivamente para rebajar las primas a las renovables (el PP las eliminó definitivamente en enero de 2012) y, dado que el sector no acababa de morir, diseñar a continuación nuevos impuestos -la Tasa Soria- con los que gravar a un sector que es el único energético que puede presumir de la doble condición de limpio y autóctono. La situación ha llegado a tal extremo que el sector termosolar denunciaba hace apenas unas semanas que las leyes aprobadas en los últimos meses, sumadas todas ellas, han supuesto una merma en sus ingresos de un 33%, "lo cual es una expropiación en toda regla", denunciaba en Madrid en febrero el secretario general de la patronal termosolar, Luis Crespo.
Otro sector renovable, el eólico, anunciaba que, con la entrada en vigor de los últimos decretos, la prima unitaria por kilovatio hora generado en un parque (incentivo que cobra el productor de energías renovables por reducir la dependencia energética y las emisiones contaminantes) ha bajado nada más y nada menos que un 21,4%. El sector FV va más allá, y habla de un recorte en los ingresos -suma del recorte retroactivo de las primas y los nuevos impuestos- que se elevaría casi al doble: "estamos en la ruina; nos han reducido en un 40% los ingresos: eso se llama engaño, estafa", decía hace unas semanas el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los beneficiarioes son, según esta asociación, el Banco Malo, que podría acabar controlando muchas de las huertas solares de las 55.000 familias susodichas.
Detrás del Banco Malo hay accionistas como Iberdrola, que podría hacerse así con el control de parte del parque fotovoltaico nacional: "la magnitud de los recortes -apunta Anpier- supone la quiebra del 80% de estas instalaciones, todas las que han necesitado financiación para el proyecto, puesto que acumulan unas pérdidas millonarias en los últimos años que los bancos no están ya dispuestos a refinanciar por la volatilidad regulatoria". Una volatilidad cuya autoría corresponde al Ministerio de Industria, "mamporrero de la gran patronal eléctrica Unesa" -al decir de algún analista del sector- y meca de las puertas giratorias.
Por lo demás, entre los consejeros de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, que así se llama oficialmente el Banco Malo, uno brilla de modo especial: Rodolfo Martín Villa, político incombustible, de antecedentes ultraderechistas, gobernador civil en Barcelona durante el franquismo, luego ministro, miembro de la ejecutiva nacional del Partido Popular, el hombre que presidiera Endesa cuando esa compañía todavía era parcialmente pública –en un 67%–, el ejecutivo que la condujo hacia su privatización.
Según el comunicado difundico, «Anpier trasladará a la Comisión Europea la secuencia de acontecimientos de lo que este colectivo de productores españoles de energía solar fotovoltaica consideran una estafa de Estado sin precedentes en Europa, que afecta de manera directa a más de 55.000 familias españolas y a 15 grandes fondos internacionales de inversión, y que en ambos casos han llevado a los tribunales, nacionales los unos e internacionales de arbitraje los otros.
El presidente de Anpier, Martínez-Aroca, ha manifestado su indignación por “el atropello al que se ve sometido su colectivo de productores”, que en el año 2004 con el Partido Popular en el Gobierno y en mayo de 2007 con un ejecutivo socialista pudieron ver cómo, a través del Boletín Oficial del Estado, el Estado español les animaba a destinar sus ahorros o financiar la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica a cambio de una “rentabilidad razonable” (RD 661/2007), puesto que se trataba de implementar unas tecnologías innovadoras y caras, pero necesarias para cumplir con los objetivos de reducción del CO2 a los que nuestro país se obliga como miembro de la Unión Europea y firmante del Tratado de Kioto.
El objetivo era alcanzar los 1.500 MW de potencia fotovoltaica pero, sorprendentemente, a causa de una flagrante falta de control y supervisión por parte de la Administración, se superó el número de megavatios instalados. Este exceso de potencia instalada es precisamente el argumento utilizado por la propia Administración, que promovió y no supervisó el proceso, para recortar hasta en un 40% los ingresos que deberían percibir los productores a través de una sucesión de normas de carácter retroactivo. La magnitud de los recortes supone la quiebra del 80% de estas instalaciones, todas las que han necesitado financiación para el proyecto, puesto que acumulan unas pérdidas millonarias en los últimos años que los bancos no están ya dispuestos a refinanciar por la volatilidad regulatoria.
Tras promover, no supervisar y asfixiar a 55.000 pequeños productores, que, integrados en la mayoría de los casos en excelentes plantas fotovoltaicas de varios megas de potencia, la Administración va a facilitar la liquidación de estos activos a través de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), conocido como el Banco Malo, en el que casualmente está como destacado accionista alguna gran eléctrica, que sí sabrá gestionar con gran rentabilidad dicha potencia solar una vez que la obtengan libres de las cargas que ya asumieron los propietarios primeros, ahora ciudadanos arruinados.
El colectivo de renovables español está sufriendo, además, una campaña de desprestigio inconcebible en cualquier país desarrollado que aspire a construir un modelo energético seguro y sostenible, hasta el punto de que se le ha llegado a responsabilizar públicamente de ser culpable del déficit de tarifa para lograr una opinión púbica favorable a la estrategia de acoso y derribo, cuando la propia Comisión Europea ha subrayado que ese déficit es fruto de "una competencia insuficiente en el sector energético que ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares".
En 2012, un año catastrófico para la economía y para el conjunto de la sociedad española, las compañías eléctricas ganaron 6.316 millones de euros y se han internacionalizado gracias a los elevados precios que logran por la energía. Estas empresas acumulan en los últimos diez años 49.652 millones de euros en ganancias, frente a los 30.000 millones de déficit de tarifa acumulados durante este mismo periodo y que adeudamos los españoles a estas empresas. Todo ello, a pesar de que el precio de la luz se nos ha incrementado en un 81,4 % en los últimos diez años.
Martinez-Aroca mantiene una relación permanente con la Comisión Europea y con el Comisario de Energía, con el que se reúne por segunda vez en los últimos diez meses, el presidente de Anpier ha manifestado que “es triste que suframos una situación de atropello de este calado y que sólo nos atiendan en Europa, mientras que se nos cierran las puestas en nuestra propia casa. Tanto el Comisario Oettinger como la dirección general de Energía de la UE nos escuchan y hacen seguimiento de nuestra situación; mientras que el gobierno español se dedica a culparnos públicamente de todos los males del sistema y medir la concatenación de recortes para entregar nuestras plantas a una gran eléctrica en el momento preciso”.
Por otra parte, afirma Martínez-Aroca, “es interminable la lista de exministros y altos cargos de las administraciones que toman decisiones favorables a determinadas empresas que operan en sectores regulados y luego pasan a formar parte de alguna de estas entidades en calidad de consejeros o asesores a cambio de pingües ingresos anuales. Desde Anpier se considera que esta práctica resulta muy poco estética y pedirá a la Comisión que regule normas más restrictivas para evitar lo que alguno podrían llegar a interpretar como una forma de corrupción normalizada”.
Anpier considera, y así lo trasladará a la Comisión, que la Unión Europea debe asumir el papel que le corresponde, y si en su diagnóstico sobre el sistema eléctrico español percibe como manifiesta falta de competencia, debería adoptar decisiones encaminadas a restablecer las condiciones idóneas de mercado, para combatir una situación cuyas consecuencias están resultando lesivas tanto para el sistema energético español, como para los ciudadanos españoles y para el preocupante déficit que año tras años engrosa el estado español. Igualmente, en cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad jurídica del mercado comunitario, debería pronunciarse de manera clara y sin ambages a este respecto y sobre las graves consecuencias que acarrea para un Estado la adopción de normas retroactivas».