Un informe sobre el sector fotovoltaico en España va a ser solicitado por el CEER ante la CNE.
Miguel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, se ha reunido en Bruselas con, Natalie McCoy, la Secretaria General del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER), para analizar la situación que atraviesa la energía solar fotovoltaica en España.
En esta reunión, Martínez-Aroca ha explicado al CEER como el Gobierno español, a través del RD 436/2004 y del RD 661/2007, promovió la inversión en renovables. El objetivo era implantar y desollar las energías renovables, iniciar el avance hacia un modelo energético sostenible y cumplir con los compromisos internacionales de emisiones de CO2. Todos estos objetivos, estaban en línea con los marcados por la Unión Europea para el 2020.
Sin embargo, en el año 2010, una vez realizadas las inversiones, el mismo Gobierno cambió radicalmente su política y, a través de dos normas retroactivas, RD 1565/2010 y del RDL 14/2010, dejó sin viabilidad a estas iniciativas, que registraron una perdida media de hasta un 30% de ingresos a la que, desde el pasado 28 de diciembre, hay que sumar una nueva carga impositiva del 7%.
Esta situación es insostenible, y llevará a la quiebra al 80% de las plantas de energía solar fotovoltaica españolas.
La secretaria general del CEER solicitará por escrito un informe a la CNE, que es miembro del CEER, con el objetivo de aclarar la situación y poder trasladar al Parlamento Europeo está realidad.
Anpier ha denunciado ante esta entidad lo que considera una Estafa de Estado ideada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos Europeos de 2020 y a cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de 55.000 familias españolas, que son las que se ven ahora sin el retorno prometido a través del propio Boletín Oficial del Estado.
España carece de un modelo energético sostenible y de futuro, cuestión clave para el desarrollo, la competitividad y el bienestar social.
Las grandes compañías de energía son las que ejercen una evidente influencia sobre las regulaciones internas, dificultando el alcance de un modelo eficiente y sostenible en España.