El Gobierno de Aragón aprobó ayer, en la sesión que celebró su Consejo de Gobierno, el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. El Ejecutivo aragonés asegura que el nuevo decreto incentiva inversiones por valor de más de dos mil millones de euros en energías renovables.
El Gobierno de Aragón asegura que el nuevo Decreto resuelve definitivamente una situación que había paralizado el desarrollo de parques eólicos en Aragón durante casi un lustro. Ahora, la administración autonómica, mediante la nueva norma, tramitará cualesquiera proyectos de parques eólicos que se presenten y autorizará todos aquellos que (no generando afección eólica a proyectos anteriores) obtengan permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de sus respectivos operadores, ya sea Red Eléctrica de España SA u otro.
Según el comunicado que difundió ayer el Ejecutivo regional, el impulso a la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables como la eólica constituye un objetivo fundamental para el Gobierno de Aragón, que considera a las renovables un sector estratégico. Por ello, resulta indispensable afrontar la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se había instaurado como consecuencia de las más de treinta sentencias judiciales dictadas en relación con el Decreto 14/2010, de 22 de junio.
La nueva norma pretende proporcionar un marco jurídicamente seguro (explica el Ejecutivo regional) para unas inversiones que, según datos del sector, suponen un millón de euros por megavatio instalado; en definitiva (calcula), alrededor de 2.000 millones de euros en todo Aragón. Habida cuenta de todo ello, y ante la necesidad de actuar urgentemente para hacer posible que se activen decisivas inversiones en este ámbito, el Gobierno de Aragón ha aprobado el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, mediante el cual se ejecutan todas las sentencias dictadas hasta la fecha en esta materia.
El propósito fundamental de la nueva norma, al proceder a la ejecución de dichas resoluciones judiciales, es proporcionar un marco jurídico estable y seguro para todos los operadores del sector: tanto para los beneficiados directamente por los pronunciamientos de los Tribunales como para aquellos otros que pudieran verse perjudicados en sus derechos o, por supuesto, cualesquiera otros que deseen impulsar nuevos parques eólicos. El Decreto-ley 2/2016 (dice el Gobierno de Aragón), aplicando estrictamente los criterios objetivos resultantes de las sentencias, identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años.
Pero, además, la norma permite también a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los Tribunales, si así lo desean, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años. La promoción de todas estas nuevas instalaciones, además, se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado que, mediante el Decreto-Ley, se implanta con las debidas garantías de seguridad jurídica en Aragón. Por fin (concluye el Gobierno de Aragón), respetando los derechos de los proyectos beneficiados o afectados por las sentencias judiciales, podrán impulsarse también otros proyectos eólicos de generación. Así, no habrá más límites en Aragón, tal cual establece la normativa básica del Estado, que el propio territorio, el viento y los determinados por la capacidad de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para absorber y evacuar la eléctrica generada desde fuentes eólicas.