Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción Climática, ha manifestado, a través de una entrevista concedida en la cadena catalana TV3, su oposición a la introducción de normas retroactivas para las energías renovables: "Todo lo que se haga en este área ha de tener largo recorrido y tenemos que tener mucho cuidado en no cambiar las reglas retroactivamente". Ponía así de manifiesto, la visión de futuro necesaria que se exige para cuestiones trascendentales.
Estas declaraciones, que se realizaban pocos días antes de que se conozca el texto final de la reforma del sector eléctrico español, deben tomarse en consideración por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ya que la Unión Europea está muy pendiente del resultado final de esta reforma trascendental, que será la que determine, más allá de la contención del déficit de tarifa, el futuro modelo energético español y con él, cuál será el devenir económico, el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental de España.
Por su parte, Günter Oettinger, Comisario Europeo de Energía, también prometió su apoyo a los fotovoltaicos españoles, y mantiene una línea de trabajo con ANPIER para actuar en auxilio de los productores fotovoltaicos españoles, para lo cual maneja informtes detallados sobre la sucesión de normas retroactivas que ya ha ido soportando este colectivo y los correspondientes impactos económicos derivados de cada una de estas medidas, una información que fue remitida por ANPIER, a partir del análisis de una consultora internacional independiente.
ANPIER encuentra una posición receptiva en la Unión Europea y acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, para defender a las 55.000 familias españolas que utilizaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para invertir en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de un BOE publicado por el Estado en mayo de 2007 (BOE 126, sábado 26 de marzo de 2007), y a los que se les está sometiendo por parte de la Administración a sucesivas quitas, que alcanzan ya hasta el 40% de los retornos garantizados, y que les obligará a entregar a las entidades bancarias financiadoras de los proyectos tanto las plantas como los bienes utilizados para avalar dichas inversiones, un montante valorado en 18.000 millones de Euros.